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Un año más en Sebta y Mric celebramos el día de la autonomía que no tenemos. No es verdad que seamos una autonomía. No tenemos una asamblea legislativa, como por ejemplo el Parlament catalán. Nada decidimos, dependemos de las directrices que llegan del Gobierno de España, que trata a Melilla como un territorio subordinado a España y no como una parte de ésta. En repetidas ocasiones he denunciado la falacia, defendida por todos los medios, de que seamos una autonomía. El origen de la falacia lo detallo en mi libro "17 de septiembre. Fundación y mitos del nacionalismo melillense" :
1994 será el año de la traición. A primeros de marzo SM el Rey Hassán II volvía a mencionar el tema de Ceuta y Melilla en el discurso del aniversario del Trono. Al acto se hizo acudir a cebtíes y melillenses, entre ellos al Presidente de la Asociación Religiosa de Melilla, el señor Dris Abdelkader. El presidente del PP español, el señor José María Aznar López, aparecerá sorpresivamente en Marruecos. Pasara lo que pasara en Marruecos, el 20 de mayo se publicaría el proyecto de Estatuto de Autonomía de Melilla, que por enésima vez, se proponía que Melilla no fuera una Comunidad Autónoma, ni que tuviera capacidad legislativa, pero en esta ocasión, inauditamente el PP apoyará el proyecto, generando las iras de las plataformas autonomistas a las que habían engañado.
Desde entonces se nos intenta convencer de que somos una autonomía cuando nuestra diferenciación administrativa con respecto a la metrópolis española es evidente. Lo es desde el mismo momento en que la figura de Ciudad Autónoma ni siquiera aparece contemplada en la Constitución y estamos desprovistos de atribuciones legislativas y aun en algunos aspectos de las atribuciones ejecutivas reservadas al Gobierno de la metrópoli. Ante decisiones importantes, como una eventual retrocesión al Reino de Marruecos o el establecimiento de una doble soberanía hispanomarroquí, los melillenses no tenemos ningún derecho a decidir. Tampoco podemos organizar referéndums para decidir nuestro destino como ente interdependiente de los Estado español y marroquí. La metrópoli española controla todos estos mecanismos e incluso el mecanismo para convocar elecciones, que de en vez de corresponder al Presidente de la Ciudad Autónoma corresponde al Ministro del Interior.
Se me hace muy extraño que los partidos de la nueva política hayan sido incapaces de denunciar la traición del PSOE y el PP al pueblo de Ceuta y Melilla, manteniendo nuestro territorio como singular para que su destino sea decidido por todos menos por los que lo habitamos, en especial los nativos, que ya en noviembre de 1863 fuimos deportados a consecuencia de un tratado infame, intentándose pactar nuestra condición de extranjeros en nuestra propia tierra en diciembre de 1985, tropelía que sólo la movilización popular pudo frenar.
La unidad administrativa de Ceuta y Melilla, al contrario de lo que se pueda pensar, no es novedosa, sino que responde a nuestra tradición política. Ya por la Real Orden del 7 de mayo de 1855 se resolvió que el Gobernador de Melilla fuera Jefe de los Gobernadores del resto de presidios menores que es como los españoles conocen a las islas y peñones rifeños bajo su soberanía.
Una unión más amplia vendrá con Miguel Primo de Rivera. La condición misma de municipalidad de Melilla es posterior a nuestra unidad con la ciudad hermana de Ceuta. Todo empezó con el Real Decreto del 4 de agosto de 1925, cuando Ceuta y Melilla pasaron a depender de la Alta Comisaría. Dos años después, por el Real Decreto del 31 de octubre de 1927, se establecía el nombre de nuestra unidad administrativa, Gobierno General de las Plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla, que aunaba las funciones civiles y militares.
Nuestra condición plena de ciudades, tal y como la entiende el DRAE "Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas", no la alcanzaremos hasta después de establecer el departamento Gobierno General de las Plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla. Por el Real Decreto del 10 de abril de 1930 se establecerán las Ayuntamientos de Ceuta y Melilla. Las autoridades y servicios de ambas ciudades (así como los demás territorios de soberanía, es decir, nuestras islas y peñones) quedaban bajo la inspección del Alto Comisario.
La labor de constitución de nuestra unidad administrativa, el Gobierno General de las Plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla, se culminaría por el Decreto del 23 de noviembre de 1943, que establecía las funciones y competencias del Gobierno General de las Plazas.
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| Diario El Faro, Ceuta, 27 de noviembre de 1937 |
Tras la independencia de Marruecos, el Gobierno General de las Plazas de Soberanía se consolida desvinculándose de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Por el Decreto del 4 de agosto de 1956 se dispone el cese en el cargo de Alto Comisario de España en la Zona Norte de Marruecos, del señor Rafael García-Valiño y Marcén. Seis días después, por el Decreto del 10 de agosto se dispone que el Teniente General don Alfredo Galera Paniagua ejerza el Gobierno General de las Plazas de Soberanía en el Norte de África. La sede del Gobierno General pasarán de Tetuán a Ceuta, que bien puede considerarse la capital de Melilla y del resto Plazas menores o peñones e islas rifeñas.
Así sería hasta el final del año 1967, pues serán desastrosos para nuestra unidad administrativa, el Gobierno General, los prolegómenos de la independencia de la Provincia de Ifni, provincia cuya españolidad, hasta entonces, era defendida de la misma manera que la de las Plazas de Soberanía. De hecho, Ifni era en origen una plaza de soberanía. En este contexto, la vinculación del Gobierno General de las Plazas de Soberanía con la administración del Protectorado era incómoda y comprometedora, suprimiendo el Estado español, por el Decreto del 28 de diciembre de 1967, el Gobierno General de las Plazas de Ceuta y Melilla. También se suprimirá el Mando del Ejército del Norte de África, con el que se identificaba el Gobernador General de las Plazas.
Desde 1968, las funciones del Gobernador General de las Plazas, una suerte de Presidente autonómico salvándose todas las distancias, se repartirían entre los Alcaldes y Comandantes Generales de Ceuta y Melilla. Así sería hasta que por el Decreto de la Presidencia del 1 de marzo de 1973 los territorios sean administrados directamente por Madrid desde el Ministerio del Interior, a través de dos Delegados del Gobierno, cuyo poder sólo se vería parcialmente relativizado tras la entelequia del Estatuto de Autonomía de 1995, que volvería a aumentar el poder del Ayuntamiento mientras las funciones ejecutivas claves y todas las legislativas seguían reservadas a la metrópoli española.
El resto de Plazas, es decir, los peñones e islas rifeñas, continuarán bajo administración militar, dependiendo el Peñón de Velez de la Gomera del Comandante General de Ceuta, mientras que el Peñón de Alhucemas y el pequeño archipiélago de las Chafarinas, del Comandante General de Melilla. Estos territorios en los que no habita población civil y que están claramente diferenciados administrativamente de la metrópoli serían los primeros en ser retrocedidos en un eventual proceso de retrocesión de las Plazas de Soberanía.
Desde un punto de vista estrictamente democrático, es dudosamente legítimo el ninguneo al que el Régimen de 1978 ha sometido a Ceuta y a Melilla, ciudades que en lo geográfico y cultural conforman una realidad diferenciada, con su propia administración unificada hasta 1968. Trece años (1981-1994) duró un falso proceso autonómico, que finalizó mediante la estafa generalizada a cebtíes y melillenses, a los que se nos priva de los derechos autonómicos que tienen el resto de ciudadanos del Estado español y aun del acceso a nuestros peñones e islas, ocupados militarmente.
Ante un futuro incierto que impele en todo el mundo a radicalizar los procesos democráticos, creo necesario el inicio de un segundo proceso autonómico que, teniendo como base histórica el Gobierno General de las Plazas de Soberanía, establezca un Gobierno para una Comunidad Autónoma formada por Ceuta, Melilla y nuestras islas y peñones, con un Presidente y una Asamblea legislativa. Quizá ésta sea nuestra experiencia histórica más cercana al autogobierno y nuestra oportunidad de sobrevivir.
¿Por qué los melillitas y los caballas, peninsulares de ultramar, patriotas de la rojigualda, aguantan tal humillación? La respuesta es muy sencilla, por dinero. Lo único que tenemos de exclusivo es un superayuntamiento (único en el Estado con el de Sebta) al que llegan unos fondos desproporcionados con el tamaño de la ciudad.
¿Qué ha generado ese dinero? Es tan inseparable la corrupción del establecimiento de la falsa "autonomía", que el trasfugismo (caso Tahar, Palacios...), las compras de votos... aumentan cualitativamente con el establecimiento del Estatuto de 1995.No hay ni autonomía ni aun democracia en Melilla, somos una mera dependencia de ultramar, matizada por la corrupción.
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