Actualizado el 24/08/2022
«Existen en España problemas nacionales no solucionados, pueblos
oprimidos que luchan por recuperar sus derechos. En España, como en todo el
mundo, el problema nacional y colonial es profundamente popular, profundamente
revolucionario.»
Juan
Comorera, Secretario General del PSUC, julio de 1942
INTRODUCCIÓN
Tras la independencia de Marruecos, continuó el proceso descolonizador del Estado español. Un proceso en el que durante más de veinte años, España, como otras potencias
coloniales, hará todo lo posible por
mantener su yugo colonial sobre saharaouis, guineanos, ifnianos... arrastrando los pies
ante las directrices de la Asamblea General de la ONU. Aunque han quedado en el olvido colectivo los detalles de la pérdida de casi todas las colonias de
España, manteniendo, y únicamente in extremis, la ocupación sobre la costa del Rif (Ceuta, Melilla y
los peñones rifeños), el orgullo de patria
herida entre los españoles aún se expresa, casi generalizadamente, en forma de profunda animadversión
hacia el principal beneficiario de la última descolonización, el Reino de
Marruecos.
La tan denostada carta enviada el 14 de marzo del presente año
por el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Torrejón, al Rey de
Marruecos, Mohamed VI, dando apoyo a la propuesta marroquí de autonomía
presentada en 2007 “como la base más
seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”, reproduce
el papel que tuvo la metrópoli española desde el mes de octubre de 1975 a
febrero de 1976, cuando presionada por la CIA, se prestó a un proceso relámpago
de cesión de su administración colonial a los Gobiernos de Marruecos y
Mauritania. La mano de los servicios de inteligencia estadounidenses
vuelve a insinuarse en la política exterior española, despertando los temores y
paranoias colonialistas de una reactivación del proceso paralizado en 1975
sobre la costa rifeña. Algo hoy por hoy muy improbable.
A lo largo del último proceso descolonizador (1956-1975) en Ceuta
y Melilla se desempolvó el mito tardomedieval de la ocupación de Melilla por Pedro de Estopiñam, no conmemorado nunca
en Melilla, ni siquiera en el Presidio. Un relato ideológico de justificación
de la ocupación que desplazó los estrictos hechos históricos que remontan la
presencia española al fin de la I Guerra de Melilla (1863-1894) en la que los
rifeños guelayitas intentaron repeler la invasión colonialista española sobre
sus tierras, justificada en el Tratado de Wad Rass (1860). Baste mencionar, como bien explicaba don Francisco Saro
Gandarillas en su artículo "Los
orígenes de la población actual de Melilla", que Melilla es una ciudad
joven, cuya población (peninsular) es de origen posterior a 1885 y sobre todo a
1909.
La radicalización de la población peninsular, consecuencia
del proceso descolonizador (1956-1975), no se redujo al plano discursivo-ideológico.
De hecho, paralelamente, se exacerbó la violencia y el racismo contra las
poblaciones autóctonas norteafricanas, los conocidos como musulmanes de Ceuta y de Melilla. Un proceso similar a la reacción
racista de los pieds noirs contra los
autóctonos argelinos y luego contra los nativos de Kanaky (Nueva Caledonia). De hecho, la persecución de la población nativa de Sebta y Mric
adquirió cotas de tal virulencia que llegó a desencadenar protestas
internacionales contra España, como podremos ver a lo largo del presente
ensayo. Esta violencia racista continuará hasta llegar al extremo durante los
meses de julio y agosto de 1986, en que se constituyó una organización
paramilitar en Melilla, la Lucha para la Liberación de Melilla (LLM), paralelo
de la organización armada colonialista en Argelia, la Organisation
de l'Armée Secrète (OAS).
No será hasta la organización del movimiento civil por los
derechos de los musulmanes de Ceuta y
Melilla conocido como Movimiento de 1985 y liderado por el melillense Omar
Duddú, cuando se superarán definitivamente las terribles consecuencias que para
la convivencia en las colonias supuso el último proceso descolonizador.
1956, LAS COLONIAS SE VUELVEN PROVINCIAS, PERO NO INTEGRAN A LA POBLACIÓN AUTÓCTONA. UN CASO DISTINTO AL COLONIALISMO FRANCÉS
Apenas cinco meses después de la independencia marroquí, las
ambiciones españolas de continuar manteniendo su dominación sobre África, se
harían explícitas. En septiembre de 1956, la administración colonial española,
que incluía el Sáhara, Ifni, Ceuta, Melilla y Guinea y que hasta entonces se llamada
Dirección General de Marruecos y Colonias, pasó a denominarse Dirección de
Plazas y Provincias Africanas, suprimiéndose los salvoconductos obligatorios
para la entrada de españoles en los enclaves de Ceuta y Melilla.
La jugada del colonialismo español estaba clara y concertada
con el colonialismo portugués. Ambos Estados pretendían negar ante la ONU el
mismo hecho colonial, afirmando que sus posesiones en África eran parte de su
territorio nacional y no colonias. Esta picaresca la había urdido el Estado
francés ya en 1947, quien al proclamar la IV República, convirtió sus colonias
en Territorios de Ultramar (TOM) y Departamentos de Ultramar (DOM). También
había abolido el apartheid civil del Código
Indígena, concediendo a los nativos los mismos derechos civiles de que
disponían los ciudadanos franceses. Al amparo de estas reformas, la metrópoli
francesa se negó a trasmitir información al Comité Especial de Descolonización
de la ONU, por lo que causaron baja como
territorios no autónomos colonias como la Polinesia y Nueva Caledonia.
Damos cuenta del carácter torticero del colonialismo español,
pues si bien la metrópoli francesa, en virtud de la ley núm. 46-940 del 7 de
mayo de 1946 (Ley Lamine Gueye), para
mantener sus colonias, había abolido el Código Indígena, nacionalizando a los
nativos, entre ellos a los argelinos, hermanos de los nativos melillenses y
saharaouis, el retrógrado colonialismo franquista tras convertir su Dirección de
Colonias en Dirección de Plazas y Provincias Africanas, no sólo no abolió el apartheid legal que separaba a nativos
de colonos, sino que en el caso de las Plazas de Ceuta y Melilla este apartheid fue sistematizado.
El 10 de abril 1958, el Teniente General, Alfredo Galera
Paniagua, Gobernador de los Territorios de Soberanía Española en el Norte de
África, emitirá un bando de creación de la Tarjeta Estadística, una ficha de
identificación policial de carácter familiar para la población nativa, que no
garantizaba ningún derecho, ni siquiera el derecho a ser contratado de manera
legal por una empresa, alquilar una vivienda o evitar un “rechazo”, nombre con el que se conocían las deportaciones alegales que
las fuerzas de ocupación solían llevar contra familias enteras por los motivos
más ínfimos. Habrán de pasar cuatro décadas para que los nativos de Ceuta y
Melilla adquieran los derechos civiles que los nativos de las colonias
francesas adquirieron con la Ley Lamine Gueye entre 1946 y 1947. Tras el
proceso nacionalizador extraordinario de la población nativa de los enclaves
españoles, a finales de los años ochenta, el Gobernador Manuel Céspedes
confesará que:
Había una parte importante de ciudadanos que ni siquiera lo eran, y a algunos se les expulsaba por los problemas más nimios, como una bronca de vecinos, y se expulsaba al musulmán de la bronca y también a su mujer y a sus hijos, que a lo mejor ya estaban escolarizados aquí. Yo he tenido la penosa obligación de revisar esos expedientes, y he llegado a asustarme de cómo se puede ser tan injusto.[5]
Se puede “entender” la sistematización a la española del apartheid civil en Ceuta y Melilla en
base a la debilidad de la población nativa, que tras ser diezmada y deportada
de sus ancestrales tierras durante la I Guerra Melilla (1863-1894), fue
sustituida por ingentes cantidades de colonos españoles (invasión por substitución). De hecho, la comunidad nativa
melillense y cebtí no empezará a mostrar recuperación demográfica hasta los
años setenta del siglo pasado. No obstante, hasta en las demás colonias, donde
no se produjo ese genocidio, como en el Sáhara o Sidi Ifni, la metrópoli
española mantendrá el apartheid legal.
No será hasta 1970, tras fuertes presiones internacionales
de las Naciones Unidas, impeliendo la descolonización del Sáhara, cuando la metrópoli
española anuncie un proceso por el cual se otorgaría un DNI español a los
nativos saharaouis. Sólo en 1975, a meses de la descolonización española del
territorio, el Secretario General del Gobierno del Sahara, Rodríguez de Viguri
declarará:
Nos sentimos muy
satisfechos en poder comprobar el enorme porcentaje de la población saharaui
que ha acudido al servicio del censo para obtener el Documento Nacional de
Identidad. Los datos son muy elocuentes, porque de un total de 35.909 personas
en condiciones de obtenerlo por razón de edad, lo han conseguido 30.271. Y
esto, en un país en que todavía una cuarta parte de su población es nómada, son
unos datos francamente alentadores.[6]
Habían pasado 19 años desde la transformación oficial del
Sahara de colonia a provincia española y era la víspera de la Marcha Verde.
LA CONTINUACIÓN DE LA LUCHA
ARMADA POR LIBERAR EL SUR DEL IMPERIO HISTÓRICO MARROQUÍ
En 1955, se crea desde el Protectorado español, el
Ejército de Liberación Nacional (ALN), cuerpo popular anticolonialista que lleva acciones de lucha armada contra la ocupación francesa en Marruecos al
mismo tiempo que el Frente de Liberación Nacional (FLN) las realizaba en Argelia.
Tras la independencia de Marruecos, concretamente a partir
de 1957, el ALN, decidió continuar la lucha armada, centrando las acciones en
la provincia saharaoui de Tarfaya, con el doble objetivo de liberar el
territorio ocupado de Ifni y de penetrar a través del Sahara hasta su extremo
sur, bajo dominación francesa que lo llamaba Mauritania, nombre del Marruecos
preislámico. Es lo que se conoce como Guerra
Secreta, prolongación en Marruecos de la guerra de liberación nacional argelina, y que genera una respuesta conjunta de las fuerzas de ocupación españolas
y francesas.
La envergadura de la operación descolonizadora es tal que a
principios de 1958, el Rey alaoui recibiría en Rabat la bai’ah o reconocimiento de soberanía de
una representación mauritana formada por el príncipe, emir de Trarza, y los Ministros
MM. Ould Sidi-Baba y Moktar Ould Baa. La metrópoli española (muy posiblemente coordinada con la
metrópoli francesa) actúa para reventar el logro y ofrece la retrocesión formal del norte del Sahara (Tarfaya),
antiguo protectorado sur de España, a continuación el propio Marruecos ha de desarticular el ALM.
El 1
de abril de 1958, se firmaban los Acuerdos de Cintra, por los que la metrópoli
española procedía a la retrocesión a Marruecos y comunicaba a la Asamblea
General el cumplimiento de los compromisos de la Declaración de 1956.
Considerando que su labor descolonizadora había concluido.
LA REBELIÓN RIFEÑA DE 1958
Cuatro meses después de la retrocesión de Tarfaya, en agosto
de 1958, se intuye la mano de los servicios secretos españoles en la capital
del antiguo Protectorado español norte, en Tetuán, donde aparecerán carteles,
dando vivas al Jefe del Estado español Francisco Franco. El descontento rifeño estallará en una rebelión a partir del
25 de octubre. Pocos días después, el 10 de noviembre ante los repetidos
requerimientos de la Asamblea de las Naciones Unidas, el Gobierno franquista se
reafirmaba en que “España no poseía
territorios autónomos, pues los que estaban bajo su soberanía en África se
consideraban provincias españolas, con arreglo a la legislación vigente.”.
Estas declaraciones serán respondidas por dos declaraciones
del Rey de Marruecos, Mohamed V, el 25 de febrero y el 10 de abril de 1958:
“Que los presentes
informen a los ausentes de nuestra decisión de seguir trabajando con toda
nuestra fuerza para recuperar nuestro Sahara y todo lo que pertenece a nuestro
Reino, de acuerdo con la historia y el deseo de los habitantes.”
LUCES Y SOMBRAS DE LA DISCRETA
ESTRATEGIA MARROQUÍ
La estrategia del Reino alaouí durante todo este proceso
descolonizador se basara en reivindicar calmadamente todos los territorios del
Imperio histórico marroquí mientras dejaba que la presión efectiva sobre las
metrópolis la ejercieran otros, bien la ONU o bien las organizaciones revolucionarias
anticolonialistas como el ALN en los cincuenta o el Frente Polisario en los
setenta. Cuando la situación le sea propicia, el Reino alaouita gestionará las
retrocesiones en conversaciones bilaterales secretas.
Esta estrategia si bien le granjeará la victoria en Tarfaya
e Ifni, le haría ver, a finales de 1960, cómo se proclamaba la independencia de
Mauritania, admitida por Francia y la ONU. Al mismo
tiempo, Marruecos tuvo que ver también cómo el Gobierno español excluirá a la
costa rifeña (Sebta, Mric y los peñones) del proceso descolonizador, al transmitir
al Comité de Descolonización información sólo sobre Guinea, Sahara e Ifni, y no
sobre las zonas rifeñas.
Inmediatamente, el Representante del Gobierno de Marruecos
en la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, hará la primera
reivindicación específica de las dos ciudades rifeñas:
““Estas ciudades y territorios son parte
integrante de Marruecos y los estatutos que actualmente las rigen son
contrarios al derecho internacional e incompatibles con la soberanía e
integridad de Marruecos”
Los representantes del Estado español en la ONU,
posiblemente temerosos de que el Estado marroquí solicitara un proceso formal de
descolonización con la intermediación del Comité Especial de Descolonización, admitirán
la protesta marroquí aceptando que el tema de Ceuta y Melilla debía examinarse
en un marco bilateral, y no en la ONU.
OCTUBRE DE 1962, LA GUERRA DE LAS ARENAS,
MARRUECOS CONTRA ARGELIA
En 1950, el descubrimiento de minas de hierro y manganeso en
el Magreb hizo que la metrópoli francesa decidiera variar las fronteras de
demarcación del Protectorado de Marruecos respecto a la Provincia francesa de Argelia,
pasando Tinduf y Colomb Béchar a la segunda. Tras la independencia de Marruecos, Francia, asediada por el FLN, y deseosa de poner fin a su apoyo marroquí a los anticolonialistas argelinos, propone restituir esos territorios a Marruecos, pero
el Rey Mohammed V rechaza la oferta, subrayando que el problema fronterizo se
resolvería con las autoridades argelinas tras la independencia de Argelia.
En el referéndum sobre la independencia de Argelia organizado
el 1 de julio de 1962, en el marco de los Acuerdos de Evian , que pusieron fin
a la guerra de independencia, los habitantes de Tinduf indican en su boletín:
"SÍ a la independencia, pero somos marroquíes". El Gobierno argelino
declara el cierre de la frontera en las zonas de Tinduf y Colomb Bechar, y anuncia
la nacionalización de unos 150.000 marroquíes.
Tras la victoria popular contra el colonialismo francés en
la Guerra de la Independencia argelina la euforia se hace con el Magreb, y
tanto en Marruecos como en Argelia surgen movimientos izquierdistas
abiertamente contrarios a ambos regímenes, como la UNFP regida por el
revolucionario marroquí Mahdi Ben Barka y el Frente de las Fuerzas Socialistas
del revolucionario cabilí Hocine Aït Ahmed, que inicia una rebelión contra la
naciente República. Marruecos y Argelia se acusan mutuamente de fomentar el
enemigo interno.
En octubre de 1962, en plena rebelión de la región cabilí,
las Fuerzas Armadas Reales marroquíes ocupan unos puestos fronterizos que la
administración colonial francesa sólo consideró territorio marroquí en la Guerra
de la Independencia argelina. Días después, el 27 de octubre, se anunció en Marrakech el cese del fuego
mientras, en la depresión de Hassi Beida, las Fuerzas Armadas Reales
continuaban ocupando todas las crestas circundantes.
Las tensiones entre los nativos marroquíes y argelinos
fueron aprovechadas por el colonialismo español para abordar de manera pausada
y tranquila la provincialización de
la colonia del Sahara, excluyendo de manera racista del proceso la integración a
la población autóctona saharaoui, tónica del colonialismo español
en las regiones africanas que ocupaba.
1967, EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACIÓN DEL SAHARA, LA VÍA PARA PERPETUAR EL COLONIALISMO ESPAÑOL
Tras siete años de labor provincializadora,
la metrópoli española en 1967, se considerará preparada para exponer sin
tapujos al Comité de Descolonización sus ambiciones colonialistas. La metrópoli
española comunicará que había iniciado las conversaciones con las autoridades
marroquíes para la retrocesión de Sidi Ifni, pero objetará que el caso del
Sáhara era distinto, primando en éste el principio de autodeterminación. Se
empezaba a dibujar la jugada del colonialismo español, mantener su ocupación colonial
mediante un referéndum.
En esta línea, meses antes, el día 11 de mayo, el consejo
tradicional de colaboracionistas saharaouis con la ocupación española, conocida como
Djema'a, asumió el nombre de Asamblea General del Sahara. Este órgano será presentado ante el Comité de Descolonización con facultades para proponer medidas y normas legales a las
Cortes Generales del Reino de España. En la misma sesión del Comité Especial de Descolonización,
Marruecos y Mauritania reivindicarán el Sahara como propio. Las conversaciones de
España con Marruecos para recuperar Ifni, empujarán al país alaouí a una
postura bastante tímida en el tema del Sáhara, absolutamente necesaria para que Marruecos se le retrocediera Ifni y para que la metrópoli española culminara su proceso de provincialización . El 4 de enero de 1969 la metrópoli española firmará con el Reino de Marruecos el
Tratado de Retrocesión por el que el 30 de junio, recuperaría Ifni.
El apartamiento de Marruecos sin embargo no aplacará el sentimiento
anticolonialista que será llenado por un naciente nacionalismo saharaoui de
izquierdas nacido precisamente en las universidades marroquíes, e influido por
el ejemplo independentista argelino, como toda la izquierda revolucionaria
marroquí. En 1968, surgiría la Organización Avanzada para la Liberación de
Saguia el Hamra y Río de Oro, conocida simplemente como Movimiento de Liberación
(o Harakat Tahrir en árabe).
Con las manos relativamente libres, la metrópoli española
acelerará en los años setenta la provincialización
de la colonia, una declaración explícita de sus intenciones de mantenerse
en el territorio. En 1970, al tiempo que las fuerzas de ocupación españolas
asesinaban al líder independentista saharaoui Mohamed Sidi Brahim Basir, anunciaban
la nacionalización como españoles de los nativos saharaouis. En esa
misma línea, el 20 de febrero de 1973, la Asamblea General del Sahara
ratificaba un Estatuto de Autonomía, ideado y redactado por el Gobernador
Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil.
Tres meses después, el 10 de mayo de 1973,
grupos de saharaouis dirigidos por estudiantes izquierdistas de Marruecos,
forman en Mauritania el Frente Polisario. Movimiento con un ala militar, el Ejército
de Liberación Popular Saharaui, que inmediatamente emprenderá la lucha armada
contra las fuerzas de ocupación, en especial contra La Legión Española.
1975, LA GUERRA HISPANO-MARROQUÍ DE
BAJA INTENSIDAD POR LA DESCOLONIZACIÓN DEL SÁHARA, CEUTA Y MELILLA
En mayo de 1974, la estrategia de integración colonialista del
Sahara continuaba desarrollándose con normalidad. Ese mes surgiría, auspiciado
por la metrópoli, el Partido de Unión Nacional Saharaui, cuyos miembros fueron
extraídos de la colaboracionista Djema'a. Este partido, siguiendo las instrucciones del régimen
franquista (era el único partido legal junto con la Falange), defendía un
nacionalismo saharaoui antimarroquí, partidario por el contrario de la
integración en el Estado español franquista, siendo vehemente con el
independentismo del Frente Polisario.
Estaba claro que el colonialismo español, había tomado
oportuna nota de los hechos acaecidos en el Rif entre 1958 y 1959, llegado a la
conclusión de que el nacionalismo periférico marroquí era una baza importante
para debilitar el ideal de restablecer los territorios históricos del Imperio
marroquí.
El 20 de agosto, finalmente, España se consideraba preparada
para celebrar, y probablemente ganar, el Referéndum que ella mismo propuso en
1967 al Comité Especial de Descolonización, comunicando su intención de celebrarlo durante el primer semestre de
1975. En ese
preciso momento, el día 17 de septiembre, el Rey Hassan II, impugnó la vía
española, tras asumirla para ganar Ifni, y propuso que el contencioso fuera
sometido al arbitraje de la Corte Internacional de Justicia. El 13 de diciembre, a propuesta de los Gobiernos de
Marruecos y Mauritania, la Asamblea General adoptó la Resolución 3292 (XXI) por
la que solicitó un dictamen consultivo a la C.I.J., quedando aplazado el referéndum
minuciosamente planeado por la metrópoli española.
Un mes después, mediante una carta emitida el 27 de enero de
1975, Marruecos redoblabaría la presión
sobre España, anunciando su intención de terminar de una vez por todas con el proceso de
descolonización. Por primera vez desde la independencia, el Representante permanente
del Reino de Marruecos en la ONU solicitaba al Presidente del Comité Especial
de Descolonización, la inclusión en la lista de territorios no autónomos de los enclaves de Ceuta, Melilla, el
islote de Alhucemas, el Peñón de Vélez y las Islas Chafarinas. El día 8 de febrero, fuerzas de refuerzo del Ejército español ocupaban las dos ciudades rifeñas, al tiempo que
el día 12, el Representante Permanente de España en la ONU mandará comunicaciones
a los Estados miembros explicando la postura del régimen franquista sobre
Ceuta, Melilla y el Sahara.
No pasarán ni diez días para que la acción de la metrópoli
española sea respondida con una condena internacional. La Organización para la Unidad
Africana emitirá una Resolución manifestando su “completa solidaridad con el Reino de Marruecos para la recuperación de
los enclaves coloniales de su costa Norte”, e instando a España a “acelerar el proceso de descolonización”
de dichos enclaves abriendo negociaciones con Marruecos. Marruecos había
abierto un proceso formal de descolonización de los enclaves rifeños, la vía
que la metrópoli siempre había intentado eludir.
El 3 de marzo, el Rey Hassán II dirigirá fuertes críticas a
la metrópoli española aprovechando el discurso del Trono:
“No encontró otra
respuesta que el uso de amenazas, intimidaciones, la concentración de tropas y
la movilización de sus unidades navales y aéreas, blandió el espectro de la
violencia, método que se ha vuelto obsoleto y pasado de moda en nuestros
días... Y si el Gobierno español persiste en su actitud hacia el Sur y el Norte
de nuestro Reino... no cesaremos, más decididos que nunca, de reivindicar
nuestros legítimos derechos en estas dos regiones.”
El 7 de marzo, el Estado marroquí distribuiría en la ONU una
“Memoria sobre los puertos e islas de la
costa Norte de Marruecos aún bajo dominación colonial, llamados Presidios”.
Acompañada de una carta del Rey, enviada a “todos
los Jefes de Estado y de Gobierno” mediante emisarios reales.
El 22 de abril, el Representante Permanente de España
volverá a intensificar los contactos con los representantes de los Estados
miembros. Cuatro días después, la Liga de Estados Árabes, emite una resolución
de condena a España en términos similares a los de la Organización para la
Unidad Africana.
A partir de mayo, la inteligencia militar española empieza a
idear un plan de evacuación de la población europea establecida en el
Sáhara (la Operación Golondrina). La evacuación de la población peninsular en Ceuta y Melilla, contemplada en el Plan Ballesta, se ideará por estas fechas, posiblemente en paralelo. El 27 de junio, estalla un artefacto explosivo en las proximidades de
la Comandancia General de Ceuta, que provocó heridas leves a un legionario que
se encontraba de guardia. Una hora y media después, estalla otro artefacto en
la antigua Comandancia de Marina, causando un muerto y otro herido de gravedad.
Otro artefacto estallaría en el arroyo Farjana de Melilla, ocasionando la
muerte del portador del artefacto que saltó por los aires.
Sin duda, estos actos se salían de la estrategia de presión
internacional marroquí, no pudiéndose averiguar quién estuvo detrás de las
acciones, quizá porque detrás de la acción estuvieran las mismas cloacas franquistas. El caso es que los
hechos justificaron un pogromo salvaje de la población peninsular en Sebta y
Mric contra la población nativa, evidentemente permitido por las autoridades
militares de la Plaza.
La persecución racista adquiere tal virulencia que
centenares de nativos melillenses y cebtíes abandonan su propia tierra,
teniéndose que exiliar a territorio marroquí por, según sus propias denuncias,
las palizas y violaciones a musulmanas.
Una auténtica Marcha Negra de tal
gravedad que el 15 de julio de 1975 un órgano internacional, el Consejo
Islámico de Ministros de Asuntos Exteriores, emitirá una resolución de condena
a España por “la represión y las
expulsiones colectivas” así como por las “provocaciones militares” de la
metrópoli en respuesta a las pretensiones de Marruecos.
El 21 de julio de 1975, el Gobierno marroquí adoptó el Dahír
núm. 2-75-311 “determinando las líneas de
cierre de las bahías en las costas marroquíes y las coordenadas geográficas del
límite de las aguas territoriales y de la zona exclusiva de pesca marroquíes”,
en el que el trazado del límite exterior del mar territorial encerraba a todas
las posesiones de España en el Rif, privando a la metrópoli de espacios
marítimos.
Finalmente, el 30 de agosto, será la Conferencia Ministerial
de los Países No Alineados la que emita una declaración de apoyo a las
aspiraciones marroquíes, solicitando a
la metrópoli española “que entre en
negociaciones directas con Marruecos para la inmediata restitución de los
enclaves”.
LA CULMINACIÓN DE LA OFENSIVA MARROQUÍ
SOBRE LA METRÓPOLI
El 6 de octubre, en la víspera del dictamen de la C.I.J. sobre
el contencioso sobre el Sáhara, los servicios de Inteligencia del Ejército
español, el CESED, informaron al Jefe del Estado español, Francisco Franco, de que la CIA apoyaba las aspiraciones
marroquíes sobre el Sáhara, instándole a actuar en consecuencia. A partir de
entonces podemos destacar un profundo cambio de actitud en la metrópoli
española. El apoyo de la CIA a las aspiraciones marroquíes representa la mayor
victoria posible de su ofensiva diplomática.
El día 16 de noviembre, horas después del dictamen por el que
el Tribunal de Justicia de La Haya, aun reafirmando las resoluciones de la ONU,
reconocía los vínculos jurídicos de sumisión entre el sultán de Marruecos y las
tribus saharaouis, el Rey Hasán II instará al pueblo marroquí a realizar una
marcha «pacífica», principalmente de niños y mujeres desarmados, para recuperar
los territorios ocupados. Dos días después, el Presidente
de la Junta de Jefes de Estado Mayor, Carlos Fernández Vallespín, comunicaba al
jefe del Estado Mayor Central que el Presidente del Gobierno
de España, Arias Navarro establecía el inicio de la ejecución de la Operación
Golondrina.
El 30 de octubre de 1975, un Franco muriéndose traspasó sus
poderes al príncipe Juan Carlos de Borbón quien continuaría la línea
establecida por el CESED a instancias de la CIA, garantizándose el apoyo de los
países occidentales para la Transición española en perjuicio de la ruptura
propugnada por la oposición democrática española.
Una
semana antes de la fecha anunciada para la marcha, el 28 de octubre, las
fuerzas de ocupación españolas siguiendo las directrices marcadas por la Operación Golondrina
abandonaban sus puestos fronterizos con Marruecos, que el día 30 de octubre son
ocupados por las Fuerzas Armadas Reales que penetran en la colonia. Entre las
fuerzas de ocupación españolas cunde la indignación y tres días después, el
día 2 de noviembre, el mismo Jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, tiene que trasladarse
personalmente a la colonia para reducir a la obediencia a su propio Ejército.
La Operación Golondrina se ejecuta minuciosamente. Así, para la
víspera de la Marcha Verde, toda la población colonial europea habían sido
evacuada, quedando dentro de la colonia sólo la masa de población autóctona
estrechamente controlada, por las fuerzas de ocupación.
El día 6, día oficial de la Marcha Verde, a las 10:33 horas,
los primeros voluntarios cortan la alambrada y se adentraban en la colonia cuya
frontera había sido evacuada en la Operación Golondrina, por la tarde, la cifra
de civiles dentro de la colonia superaba los 50.000. De
manera simbólica, el Consejo de Seguridad se volvió a pronunciar mediante la resolución 380, en contra de
la marcha, sin embargo, en la trastienda, Estados Unidos, Francia y España
daban su beneplácito a la anexión.
El día 9, Hassan II da por alcanzados todos sus objetivos.
Así, mientras se preparaban las conversaciones con la metrópoli, se puede
permitir mandar retirar los campamentos de voluntarios. Argelia aturdida no
puede más que protestar y retirar su embajador de Rabat.
Del día
12 al 14 se desarrolla la Conferencia de Madrid entre la metrópoli y Marruecos
y Mauritania. Esta conferencia culmina en el Acuerdo Tripartito de Madrid, que
acordaba «la terminación de la presencia
española en el territorio, antes del 28 de febrero de 1976… poniendo término a las responsabilidades y
poderes que tiene sobre dicho territorio como potencia administradora». La
administración colonial era cedida a los Gobiernos de Marruecos y Mauritania, quienes
quedaban encomendados a «la opinión de la
población saharaui, expresada a través de la Yemaá».
Desde la
firma Acuerdo Tripartito, y bajo las directrices de la Operación Golondrina las
fuerzas de ocupación españolas van abandonando progresivamente sus puestos, que
son ocupados ordenadamente por las Fuerzas Armadas Reales y por las fuerzas armadas
mauritanas. Smara es evacuada completamente a finales de noviembre, El Aaiún y
Güera a finales de diciembre, Dajla (Villa Cisneros) en enero.
El 18 de
diciembre de 1975, que para mayor ignominia coincidió con el primer día de Aid
al Adha (Fiesta del Cordero) el pueblo rifeño sufrirá por segunda vez en sus
carnes las consecuencias del proceso descolonizador. La primera fue a finales
de junio cuando centenares de familias nativas de Melilla y Ceuta tuvieron que
exiliarse en la zona marroquí por las represalias colonialistas dentro del
enclave.
Cinco
meses después de estos hechos, en diciembre, miles de rifeños de Argelia, muchos
hijos y nietos de melillenses deportados por las fuerzas de ocupación españolas
durante la I Guerra de Melilla (1863-94), serán deportados a Marruecos. Una
evidente provocación racista, que si degeneraba en un conflicto armado podría
frenar ese proceso descolonizador español en el Sahara. Aunque Marruecos pudo
corresponder con la deportación de los cientos de argelinos que vivían en
Marruecos, se mostró más ocupado en asegurar su progresivo control sobre el
Sahara, por lo que se limitó a acoger a los rifeños argelinos y procurarles su
integración en un país en el que no habían nacido.
El 28 de
febrero de 1976, sobre las 11 de la mañana, el Teniente Coronel Valdés, el último
Gobernador del Sáhara, arriaba la bandera española de la azotea del Gobierno
General de la Provincia del Sahara Español. Inmediatamente el edificio será
ocupado por las autoridades marroquíes, mientras las últimas fuerzas de
ocupación serán evacuadas en el avión "Ciudad de Vigo”, dándose por
concluida la Operación Golondrina.
Ese
mismo día, la Yemaá del Sahara, en sesión especial aprobaba «por unanimidad la reincorporación del
territorio del Sahara a Marruecos y Mauritania, de conformidad con las
realidades históricas y con vínculos que han unido siempre a la población
sahariana con esos dos países». Resolución
inmediatamente comunicada a la Asamblea General de la ONU.
LA CONTINUACIÓN NEOCOLONIAL
ESPAÑOLA EN EL SAHARA Y LA DESCOLONIZACIÓN FALLIDA DE CEUTA Y MELILLA
El acuerdo
Tripartito de Madrid se comunicó a las Naciones Unidas, aunque sus partes
decisivas estaban abarcadas en anexos secretos, algunos conocidos
posteriormente, como los que el 28 de enero de 1978 fueron publicados en la
revista española Interviú, en un edición que fue secuestrada por el Gobierno. Los pactos
secretos definían, entre infinidad de cosas más, las relaciones neocoloniales
que mantendría España con respecto a su antigua colonia.
Así, el Instituto
Nacional de Industria español mantendría el 35% de las acciones de la empresa colonial
Fos Bu Craa, que en esas condiciones podía seguir expoliando los fosfatos
saharaouis. 800
barcos españoles podrían seguir faenando en las mismas condiciones que la época
colonial, mientras Marruecos delimitaba sus aguas en el Atlántico, considerando
a España.
Respecto
a la descolonización de las ciudades rifeñas de Sebta y Mric, tras haber
conseguido Marruecos a lo largo de 1975 los apoyos internacionales suficientes,
dejará decaer su propia solicitud ante el Comité Especial de Descolonización.
No en vano, la continuación del proceso de descolonización enfocado en el Rif
se hubiera continuado durante los años de la Transición, envenenándola, y la
CIA había dado todo el apoyo a ésta en perjuicio de la solución rupturista
propuesta por la izquierda democrática española. Por todo ello, Marruecos se comprometía
a respetar el statu quo de la costa
rifeña al menos diez años, tiempo
suficiente para que el Estado franquista pudiera mudar a democracia liberal.
Pero el
Rey de Marruecos, a pesar de sus compromisos y de la euforia de su victoria, se
cuidó de matizar que no abandonaba su reivindicación sobre las posesiones
españoles en la costa del Rif:
“Estoy contento de que, finalmente,
haya triunfado la justicia en lo que respecta a la cuestión de nuestro Sahara,
tengo grandes esperanzas de que algún día se reconocerá que Ceuta y Melilla y
las islas de la costa rifeña también son marroquíes. Nosotros, lejos de las
amenazas y en consideración al buen sentido, a la razón y a la amistad tampoco
hemos dejado ni dejaremos de dirigir este llamamiento.”
LA REACTIVACIÓN DEL PROCESO DE DESCOLONIZACIÓN
DE CEUTA Y MELILLA, UNA ESPADA DE DAMOCLES
El fin
de la tregua de diez años en las reivindicaciones marroquíes y la reactivación
en la ONU del proceso de descolonización de Melilla, fue visto con auténtico
pavor por la población española de ultramar y por sus autoridades. Este
temor convirtió a la población nativa de ambas ciudades, conocidos como los musulmanes, en el principal objetivo
de la violencia racista y colonialista.
Las poblaciones nativas cebtíes y melillenses subsistían en
su mayoría en un régimen de dominación parecido al que imperaba antes de 1947 en
las colonias francesas en las que regía el Código Indígena de segregación racista. Miles de nativos de
Ceuta y Melilla carecían de existencia civil al no tener documentación o estar
documentados con una ficha policial, la Tarjeta Estadística, que no garantizaba
ningún derecho civil, ni siquiera para alquilar una casa o ser contratados de
manera legal.
De 1975
a 1985, esta población civilmente vulnerable, será el objetivo por antonomasia de
represión tanto por la administración como por la propia población peninsular,
empeñados en hacerlos desaparecer por ser una potencial baza que pudiera ser
usada por el Estado marroquí en los foros internacionales, si reactivaba el
proceso descolonizador tras el periodo de tregua.Así, en
marzo de 1978, al considerarse Ceuta y Melilla Zonas de Interés Militar se
prohíbe que la minoría de nativos nacionalizados como españoles pudieran
comprar viviendas, evidente agravio comparativo racista con la población
europea.
Entre 1981 y 1982, se establecen permisos de trabajo restringidos que permiten el despido de los nativos sin indemnización y se reforma el Código Civil para que los hijos de esta población no pudieran adquirir sus derechos civiles como españoles. Todas estas medidas estaban orientadas a hacer desaparecer a este pueblo, objetivo racista que reivindicaba abiertamente los colonos peninsulares invocando de manera torticera el paralelismo con Gibraltar.
Al
tiempo que se emitían esas leyes draconianas siguieron produciéndose misteriosos atentados de la misma naturaleza que el del
27 de junio de 1975 y
que en nuestra opinión alejan la sospecha de Marruecos, que tras el Acuerdo
Tripartito de Madrid no tenía motivo para perpetrarlos, centrando las sospechas
en los hoy llamados resquicios del
franquismo, por cuanto tras cada acción se sucederán las persecuciones racistas
contra una población nativa, civilmente indefensa.
Conforme se acercaba el décimo aniversario del Acuerdo
Tripartito de Madrid, la preocupación de las autoridades españolas por el problema musulmán de Ceuta y Melilla aumentará,
llegando la metrópoli, como informaba el diario español El País a intentar deportaciones masivas de nativos que irritan a
la opinión pública de Marruecos:
La agencia oficial
marroquí de noticias MAP informó anoche que 1.500 marroquíes que trabajan en
Ceuta han sido conminados a abandonar la ciudad antes del próximo lunes 31 de
octubre, a defecto de lo cual serán trasladados" según la MAP, manu militari a la frontera.[28]
La explicación que dará el Gobernador de Ceuta, Manuel
Peláez, será reveladora: "Se trata
de erradicar una explotación humana propia de un régimen colonial". Días
más tarde se hacía público el aplazamiento de esta deportación masiva,
posiblemente por la presión marroquí.
Tres meses después, serán las autoridades de la otra ciudad rifeña, Melilla, las que
alerten del problema musulmán. Así,
el diario El País, bajo un titular que rezaba “Las autoridades de Melilla intentarán frenar el aumento de la comunidad musulmana no española”, presentaba que:
El delegado del
Gobierno en Melilla, Angel González Craqui, ha manifestado a los medios
informativos que "vamos a aunar todos nuestros esfuerzos para evitar que
se introduzcan en la ciudad nuevas personas con posibilidad de solicitar la
tarjeta de estadística".[32]
Como demostró el estudio del Instituto Nacional de
Estadística de 1987, la población musulmana
de Ceuta y Melilla había nacido en su mayoría dentro del enclave y los
que no, llevaban viviendo en ella periodos que superaban una o dos décadas. La picaresca, típicamente colonial, de confundir al nativo
con el inmigrante era otro indicio de que el miedo al reinicio del proceso
descolonizador de 1975 había llevado a las autoridades españolas a preparar una
reducción masiva de la población nativa para debilitar las reivindicaciones
marroquíes.
La excusa perfecta la dará la polémica de Ley Orgánica 7/1985, de 1
de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, conocida
como Ley de Extranjería y definida como un preciso instrumento de deportación. Durante la preparación de esta Ley, el Presidente de la
Comunidad Musulmana de Melilla, el señor Omar M. Duddú El Funti, que también
era militante socialista, mantendrá una conversación con el Parlamentario por
Melilla, José Luis Estrada. Éste, en un encuentro celebrado en la playa
marroquí de la Bocana, tranquilizaría al líder musulmán garantizando que los
musulmanes melillenses no tendrían nada que temer. El 22 de octubre, se revelaría no obstante la realidad de la jugada colonialista. El Gobernador del enclave de Melilla, Andrés Moreno Aguilar,
amenazaría sin tapujos con deportar a todo nativo sin DNI que antes del 31 de
enero no hubiera aceptado para sí la condición de extranjero, cumplimentado los
impresos de extranjería.
Esa misma tarde, el líder nativo Omar Duddú le respondería
amenazante que los musulmanes de
Melilla jamás aceptarían el chantaje del Gobierno. Se iniciaba el Movimiento
cívico melillenses de 1985 por los derechos de los nativos, cerrándose el
proceso descolonizador de 1975.
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