Mientras el Gobierno prorrogaba por segunda vez (en esta ocasión, hasta
el próximo 1 de marzo) el plazo inicialmente dado a los extranjeros
(hasta el 30 de septiembre pasado) que necesitasen regularizar su
situación en nuestro territorio, los nuevos incidentes ocurridos ayer
en Melilla ilustran la preocupante agravación del conflicto suscitado
por la entrada en vigor de la ley sobre Libertades y Derechos de los
Extranjeros en España, promulgada el pasado 1 de julio, y contra la que
ha presentado recurso de inconstitucionalidad el Defensor del Pueblo.
Fuerzas de la Policía Nacional disolvieron, con la
brutalidad que reflejan los testimonios gráficos, una manifestación no
autorizada convocada por la Comisión Gestora de la Asociación de
Mujeres Musulmanas para protestar contra la aplicación de esa norma a
los melillenses de ascendencia marroquí, que se consideran con derecho a
la nacionalidad española y rechazan la condición de extranjeros. La
carga de las fuerzas de seguridad contra una manifestación compuesta
mayoritariamente por mujeres y niños produjo una quincena de heridos,
entre ellos, tres policías nacionales. Entre tanto, más de 30 jóvenes
melillenses de religión musulmana mantienen una huelga de hambre en la
mezquita de la ciudad, también como protesta contra la discriminación
de que les hace objeto la Ramada ley de extranjería.
Las primeras declaraciones del Director General de
Política Interior ante esos hechos recuerdan el lenguaje utilizado en
peores tiempos para quien ostenta ahora el cargo. Este señor arroja las
culpas de los incidentes de Melilla a Aomar Mohamedi Dudú, ex
militante del PSOE que fue expulsado de las filas de su partido y que
ahora preside la asociación Terra Omnium. Según él, la responsabilidad
de todo cuanto ocurre correspondería a Dudú, un profesional de la
intoxicación, que estaría instrumentalizando al servicio de sus propios
fines a los melillenses musulmanes. Pero el Ministerio del Interior
debería saber que Melila es un problema real, y no una invención, y que
en los últimos meses este problema ha sido agravado por la torpeza y
la arrogancia de su alcalde y el delegado del Gobierno socialista.
Las movilizaciones de los melillenses musulmanes contra
la ley de extranjería -independientemente de quienes quieran
utilizarlas o aprovecharlas- obedecen a motivaciones profundas, basadas
en la conciencia y en el sentimiento de ser víctimas de agravios y de
injusticias, a los que no son ajenos los prejuicios racistas y las
emociones patrioteras. En Melilla, cuya población asciende a unos 72.000
habitantes, residen aproximadamente 27.000 musulmanes, de los cuales
sólo 7.000 -entre ellos, el intoxicador Mohamedi Dudu- poseen la
nacionalidad española. De los restantes 20.000 melillenses musulmanes,
la mayoría de los cuales han nacido en la ciudad o residen en ella desde
hace años, tan sólo unos 6.500 poseían -hasta la promulgación de la
ley de extranjería- una simple tarjeta estadística, documento que no
les da derecho a la compra de viviendas ni a viajar a la Península. Los
demás residentes ni siquiera disponían de esa cartulina y podían ser
expulsados de la ciudad sin mayores trámites. Esa situación de
inseguridad jurídica marcha en paralelo con condiciones de vida
-educativas, de vivienda, sociales y económicas- igualmente
discriminatorias.
La ley de extranjería se propone obligar a los
melillenses musulmanes, bajo la amenza de expulsión a corto o medio
plazo, a regularizar su situación legal como extranjeros, lo que
implicaría reconocer -ante las autoridades y ante sí mismos- su
condición de invitados provisionales en la plaza de soberanía. Pero
estos melillenses de religión musulmana y de ascendencia marroquí, en
su inmensa mayoría nacidos o formados en la ciudad, reclaman su derecho
a la ciudadanía española. Según el Código Civil, el nacimiento en
territorio español no concede automáticamente la nacionalidad a los
hijos de extranjeros, salvo si al menos uno de los padres hubiese
nacido también en España. Nuestro ordenamiento jurídico también
establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española tras una
residencia continuada de 10 años, período que se reduce a dos años para
los nacionales de origen "de países iberoamericanos, Andorra,
Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes". Los melillenses
nacidos en la ciudad de padres extranjeros o procedentes de Marruecos
quedan sometidos, así, a los trámites de adquisición de la
nacionalidad, petición que siempre puede ser denegada. Su inscripción
en los registros de extranjería, tal y como la nueva ley ordena,
significaría renunciar a cualquier esperanza de que una reforma de
nuestro ordenamiento -al alcance de las Cortes y de la mayoría
socialista que ahora las domina- permitiera conceder un tratamiento
especial a su situación, también especial.
Desde un punto de vista político, resulta inconcebible
que el Gobierno, no sólo no acepte como una fortuna la voluntad de los
melillenses musulmanes de considerarse españoles, sino que rechacen,
además, ese deseo y lancen a las fuerzas de la policía a reprimir a
quienes expresen esa reivindicación en las calles. Desde el punto de
vista de los valores democráticos, no puede sino producir alarma la ya
nada soterrada vena de racismo que emerge tras esa negativa a facilitar
a los melillenses de origen marroquí una vía adecuada para adquirir
rápidamente la nacionalidad española de pleno derecho. Desde el punto
de vista constitucional, contradice abiertamente el mandato de nuestra
norma fundamental en pro de la igualdad y en contra de la
discriminación "por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra circunstancia personal o social". Desde el punto de
vista moral, produce vergüenza que no exista en la sociedad española la
sensibilidad necesaria para protestar contra unas bochornosas
actitudes de intolerancia religiosa y de discriminación étnica, que
recuerdan algunas tristes estampas de nuestro propio pasado
(persecución y expulsión de las minorías judías y moriscas) y enlazan
directamente con los estragos del racismo y de los conflictos religiosos
en otros lugares del planeta. Y desde cualquier punto de vista, es más
que alarmante la torpeza con que un tema tan difícil y sensible de
nuestra política es tratado por el Gobierno de la nación.
Juan Luís Cebrián (28 de enero de 1986). La vergüenza de Melilla. Diario El País.
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